Dos años de prisión efectiva por amenazar a su novia con SMS

El hombre reconoció el hecho ocurrido en Córdoba. Deberá cumplir prisión efectiva por estar acusado en otras causas.

La Cámara 6ª del Crimen, a cargo del juez Alberto Crucella, condenó hoy a dos años de prisión efectiva a un hombre que acusado de violencia de género contra su pareja.

Se trata de Miguel Ceballos, de 36 años, quien reconoció haber amenazado a través de mensajes de texto a su novia.

El juicio tuvo carácter de "abreviado" y Ceballos deberá cumplir prisión efectiva al estar acusado en otras causas.

Ordenan elaborar un protocolo para el tratamiento de detenidos con “potencialidad conflictiva”

Lo dispuso Juan Pablo Salas, juez federal de Morón, en el marco de un hábeas corpus colectivo en donde se cuestionaron condiciones de detención en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Encomendó conformar un equipo de trabajo interdisciplinario.

El juez Juan Pablo Salas, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, ordenó la elaboración de un protocolo con “puntos de acuerdos básicos sobre el abordaje de jóvenes adultos con alta potencialidad conflictiva” que se encuentran detenidos en el penal de Marcos Paz.

El magistrado tomó esa decisión pese a haber rechazado el habeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en favor de los detenidos alojados en el Pabellón N° 3 del Módulo residencial V (Unidad N° 24 SPF) del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

La causa se originó a raíz de la presentación de habeas corpus colectivo dando cuenta que algunos internos se hallaban “sometidos a un régimen de sectorización que implicaba un encierro en celda individual de tiempo excesivamente prolongado”.

Si bien la situación que dio origen al expediente ya se había superado, el juez buscó la elaboración de reglas mínimas de actuación para evitar futuros conflictos similares.

 En ese sentido, ordenó al Servicio Penitenciario Federal que conforme un equipo de trabajo interdisciplinario, convocando a las dos organizaciones de derechos humanos que participaron en la causa (C.E.L.S y A.D.C) y que en un plazo ordenatorio de 60 días presente el protocolo para ser homologado en sede judicial.

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Reconocimiento a la propiedad ancestral

El máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.

El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.

En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario (Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.

Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”.

Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.

La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es, en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como poseedores del predio”.

Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir utilizando las parcelas comunitarias.

El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la ausencia del dolo”.

En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.

“Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de los que menos tienen”, explicó Fresneda.

El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.

Aunque históricamente se avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica que los conflictos de tierras se multiplicaron de la mano del avance sojero en la provincia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde el MCC es una de sus organizaciones fundantes) afirma que en la última década fueron desalojadas al menos 200 mil familias campesinas e indígenas, y apuntan como principal causante al modelo de agronegocios actual.

Confirman procesamiento de titulares de sitio web donde se descargan archivos sin autorización del autor

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de los dos propietarios de una página de internet por considerarlos “partícipes necesarios” del delito de violación a la propiedad intelectual al permitir que, a través de su sitio, diferentes usuarios suban y descarguen material protegido por esa ley.

En su descargo, los imputados alegaron que “es imposible que determinen el contenido de las cargas y establezcan si violan los derechos de autor cuando diariamente, en promedio, se realizan veinte mil ‘post’ y porque no tienen acceso al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual para cotejarlo”.

Sin embargo, los jueces sostuvieron que “los imputados a través de su sitio permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien ello ocurría a través de la remisión a otro espacio de Internet, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio”.

“Adviértase que si bien los autores del hecho finalmente serían aquéllos que subieron la obra al website y los que ‘la bajan’, lo cierto es que el encuentro de ambos obedece a la utilización de la página TARINGA, siendo sus responsables al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud, por lo que el convenio que exhiben para pretender exonerarse de responsabilidad no podrá ser tenido en cuenta”, concluyeron.

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La Justicia de Córdoba lanza campaña informativa sobre el nuevo régimen electoral

A partir de la reforma política llevada a cabo en la provincia de Córdoba, el Poder Judicial ha implementado y desarrollado un Plan Estratégico de Capacitación de Funcionarios Electorales (PECFE), iniciado en 2010 y a punto de culminarse. Su resultado será la formación de los Funcionarios Públicos Electorales para las elecciones provinciales del 7 de agosto.

Ahora es el momento de comenzar a abordar la difusión y capacitación ciudadana para lograr el empoderamiento del elector en toda su dimensión.

Con esta meta, el próximo domingo 15 de mayo, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba lanzará una campaña de información sobre la Nueva Ley Electoral y sobre cómo está gestionando la Justicia, por medio del Tribunal Electoral, el proceso electoral provincial. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía toda la información de forma clara, precisa y ordenada. Serán tres meses de intensas acciones de comunicación. 
 

La herramienta principal de esta campaña de difusión

Se ha desarrollado un sitio web que integra toda la información disponible a la fecha sobre el proceso electoral. Allí  los partidos, Fiscales Públicos, Autoridades de Mesas y la ciudadanía en general podrán encontrar información de forma fácil y sencilla, accesible las 24 horas.

Las siguientes son algunas de las funcionalidades del sitio:

•         Simulador de votación
•         Listados de preguntas frecuentes
•         Realización de nuevas consultas
•         Información seleccionada según el tipo de usuario.

Queremos invitar a los comunicadores de la provincia a ingresar a www.eleccionescordoba.com.ar para que sean los primeros en disponer de la información necesaria y dispongan de la información que sus oyentes, lectores y audiencia están esperando.


La campaña de información sobre la Nueva Ley electoral

En cuanto la campaña de comunicación, se desarrollará en tres etapas y prevé una cobertura completa para toda la provincia. Tendrá difusión en los medios de comunicación, con el objetivo de garantizar que el 100% de la población sepa qué representa la nueva Ley Electoral, cómo será el proceso de votación y cómo usar la Boleta Unica de Sufragio (BUS).

Estas tres etapas se irán sucediendo en el tiempo:

Primera etapa
Se informará que el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba es el responsable del proceso electoral y, por ende, de garantizar su correcto desenvolvimiento.

Segunda etapa
Se comunicarán los principales cambios que supuso la reforma, con el fin de explicar la significación de las figuras de los Fiscales Públicos Electorales (FIPE) y de las autoridades de mesa. También se expondrán las principales modificaciones que la Ley Electoral representa.

Tercera etapa
Finalmente, la etapa principal de esta campaña consistirá en presentar la Boleta Única de Sufragio (BUS) y precisar minuciosamente cómo utilizarla. Esta etapa es fundamental para que los votantes puedan asistir seguros y tranquilos a emitir su sufragio. Es por ello que la misma se platea de una forma didáctica y a un mes y medio de la fecha de las elecciones.